Ambos exfuncionarios fueron condenados a 63 meses de prisión, es decir, más de cinco años de cárcel.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 5 años y tres meses de prisión contra César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico del entonces presidente Álvaro Uribe, por el delito de concierto para delinquir agravado por las “chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”.

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Ambos exfuncionarios fueron procesados en septiembre de 2021 por ser parte de un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en 2007, la cual estaba en plena investigación de la “parapolítica”, en el que participó el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En la sentencia se lee que, entre 2007 y 2008, varios funcionarios de alto rango del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe concertaron acciones con otros empleados de menor nivel, especialmente aquellos adscritos al DAS y a la Uiaf (Unidad de Análisis e Información Financiera).

“El objetivo era perseguir y desacreditar a los opositores del Gobierno, centrándose en la Corte Suprema de Justicia debido a sus investigaciones sobre políticos vinculados paramilitarismo, así como en algunos de sus magistrados auxiliares”, recoge la declaración.

Dicho proceso judicial tiene como origen el espionaje ilegal, a través de “chuzadas” (escuchas) telefónicas, a magistrados de la Corte Suprema, periodistas y opositores del Gobierno.

En ellas, se infiltraron fuentes humanas en la corporación, se obtuvieron grabaciones de sesiones de Sala Plena y Sala Penal, y se recabaron testimonios relacionados con la comisión de parapolítica para desprestigiar a la Corte.

De acuerdo con Caracol Radio, las órdenes las recibieron del entonces secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, quien buscaba accionar contra la Corte Suprema de Justicia, el periodista Daniel Coronell y los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba.

Anteriormente, el caso fue dilatado por más de 15 años debido a las contradicciones entre magistrados y jueces del ente de justicia sobre la decisión del caso. Es así como, ante los fallos contrarios en ambas instancias, fue necesario que una sala de conjueces determinara la última palabra, pues los magistrados titulares consideraron que, por tratarse de un caso en el que la misma Corte Suprema era víctima, no podían conocer la casación de la condena en segunda instancia.

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